Alma Delia Zamorano Rojas
Alma Delia Zamorano es docente e investigadora social interesada en la relación entre comunicación, cultura digital y justicia social.
Cuando se habla de delincuencia organizada, solemos pensar en homicidios, tráfico de drogas, enfrentamientos o disputas territoriales. Son sus expresiones más visibles, pero no las únicas. En distintos lugares de América Latina, la presencia de grupos criminales también modifica la vida cotidiana: condiciona la manera de transitar por determinados espacios, altera las relaciones entre las comunidades y las autoridades, e incluso establece reglas sobre aquello que puede decirse o hacerse. Vivir entre violencias significa, entonces, algo más que estar expuesto a una agresión física; implica aprender a convivir con el miedo, el silencio y la incertidumbre.
Esta dimensión resulta particularmente importante porque permite comprender que el poder de la delincuencia organizada no depende solo de su capacidad para cometer delitos. Según datos de Latinobarómetro recuperados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, s. f.), 54 % de los hogares de América Latina y el Caribe reporta la presencia de grupos criminales locales, mientras que 14 % señala que estos grupos proporcionan servicios o regulan la seguridad en sus comunidades. El BID denomina a este fenómeno gobernanza criminal: situaciones en las que organizaciones delictivas adquieren influencia sobre la vida de determinados territorios y sus habitantes.
No se trata necesariamente de que el crimen sustituya por completo al Estado. La relación puede ser mucho más compleja. Dammert y Rodríguez-Solórzano (2025), en un análisis publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), documentan que en barrios periféricos de Río de Janeiro y zonas rurales de Colombia algunos grupos criminales proporcionan seguridad, aplican formas de “justicia”, distribuyen alimentos o financian obras comunitarias. En estos escenarios, la llamada gobernanza criminal no necesariamente sustituye al Estado, sino que puede coexistir con él, disputar su autoridad o establecer zonas de influencia mediante una combinación de violencia, corrupción y provisión de servicios.
Para quienes habitan esos territorios, la gobernanza criminal no es un concepto abstracto. Se manifiesta en decisiones aparentemente pequeñas: qué calles evitar, a qué hora regresar a casa, sobre qué asuntos guardar silencio o ante quién resulta seguro denunciar. Cuando estas prácticas se vuelven habituales, el miedo deja de ser una reacción excepcional frente al peligro y comienza a organizar la vida cotidiana. La violencia produce entonces una forma de orden: delimita espacios, modifica comportamientos y debilita la confianza necesaria para participar en la vida comunitaria.
Las consecuencias adquieren especial gravedad cuando alcanzan a niñas, niños y adolescentes. En México, UNICEF México (s. f.) recoge una estimación de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), según la cual entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. El dato procede del proyecto sobre reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes presentado por REDIM en 2021. Algunos son amenazados, coaccionados o secuestrados; otros se encuentran expuestos a condiciones sociales y familiares que incrementan su vulnerabilidad. UNICEF subraya un principio fundamental: independientemente de las circunstancias en las que hayan sido incorporados, deben ser comprendidos desde su condición de víctimas.
Esta distinción importa porque modifica la manera de narrar el problema. Mirar a una niña, un niño o un adolescente exclusivamente desde su participación en actividades delictivas puede borrar las condiciones que precedieron a esa participación y reforzar el estigma que dificulta su reintegración. Una perspectiva de equidad exige reconocer que la violencia no afecta a todas las personas de la misma manera ni ofrece a todas las juventudes las mismas posibilidades para construir un proyecto de vida. También obliga a evitar explicaciones simplistas que conviertan la pobreza o la pertenencia a determinados territorios en sinónimos de criminalidad.
Aquí la cultura de paz adquiere un sentido concreto. No significa ignorar la responsabilidad de quienes cometen delitos ni negar la necesidad de instituciones capaces de brindar seguridad y justicia. Significa comprender que la paz tampoco puede reducirse a la ausencia de enfrentamientos. Una comunidad difícilmente vive en paz cuando sus habitantes modifican sus rutinas por temor, cuando denunciar implica ponerse en riesgo o cuando niñas, niños y adolescentes encuentran sus horizontes condicionados por actores que ejercen control mediante la violencia.
Pensar la delincuencia organizada desde esta perspectiva permite cambiar la pregunta. Además de contabilizar delitos, detenciones o territorios disputados, necesitamos observar cuánto poder adquieren las organizaciones criminales para establecer las reglas de la vida cotidiana. Allí donde el miedo decide quién circula, el silencio se convierte en mecanismo de protección y las nuevas generaciones ven reducidas sus posibilidades de imaginar otros futuros, la violencia ya no es solamente un problema de seguridad: se ha convertido en una forma de orden social.
Frente a ello, fortalecer una cultura de paz supone recuperar algo más profundo que la tranquilidad de las calles. Implica reconstruir la confianza, proteger los espacios comunitarios y garantizar que niñas, niños y adolescentes encuentren alternativas para desarrollar sus proyectos de vida lejos de la violencia. También significa recuperar la posibilidad de que las personas decidan cómo habitar sus comunidades, relacionarse con los demás y proyectar su futuro sin que el miedo determine esas decisiones. Porque una cultura de paz no se construye únicamente cuando disminuyen los delitos, sino cuando los derechos, las oportunidades, el diálogo y la dignidad vuelven a ocupar el lugar de las reglas impuestas por la violencia.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://www.iadb.org/es/noticias/seguridad-ciudadana-en-america-latina-y-el-caribe
Dammert, L., & Rodríguez-Solórzano, S. (2025, 8 de octubre). Crimen organizado y desarrollo humano: La urgencia de una respuesta estructural en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: https://www.undp.org/es/latin-america/blog/crimen-organizado-y-desarrollo-humano-la-urgencia-de-una-respuesta-estructural-en-america-latina
UNICEF México. (s. f.). Violencia armada: ¿Cómo afecta a niños, niñas y adolescentes en México? Recuperado de: https://www.unicef.org/mexico/violencia-armada.
Huika Mexihco 