Alma Delia Zamorano Rojas
Alma Delia Zamorano es docente e investigadora social interesada en la relación entre comunicación, cultura digital y justicia social.
En muchas escuelas de América Latina todavía predomina la idea de que todas las personas deben aprender al mismo ritmo, comprender de la misma manera y responder de forma similar a las exigencias escolares. Cuando alguien se aparta de esas expectativas, suele interpretarse que existe un problema que debe corregirse. Durante décadas, esta lógica orientó la manera en que las diferencias neurológicas fueron comprendidas por los sistemas educativos, privilegiando el diagnóstico y la normalización por encima del reconocimiento de la diversidad.
Frente a esta perspectiva, el concepto de neurodiversidad propone un cambio de enfoque. Como sostiene Judy Singer (1999), las diferencias neurológicas forman parte de la diversidad humana y no deben entenderse únicamente como déficits o trastornos. Más que negar las necesidades de apoyo que algunas personas requieren, esta mirada invita a preguntarnos hasta qué punto son los entornos educativos y sociales los que dificultan su participación cuando están diseñados para una única forma de aprender, comunicarse e interactuar.
Este debate adquiere una importancia particular en América Latina. Aunque la mayoría de los países de la región ha incorporado el principio de educación inclusiva en sus políticas públicas, las oportunidades para ejercer ese derecho siguen siendo profundamente desiguales. El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (IIEP-UNESCO, 2022) advierte que el desafío no consiste únicamente en ampliar el acceso a la escuela, sino en eliminar las barreras que continúan limitando el aprendizaje y la participación de millones de estudiantes.
Estas barreras se expresan de distintas maneras. En numerosos contextos latinoamericanos, acceder a una evaluación especializada, recibir acompañamiento pedagógico o contar con apoyos permanentes depende del lugar donde se vive, de la disponibilidad de servicios públicos y de las condiciones económicas de las familias. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales, así como las brechas sociales que caracterizan a la región, hacen que una misma condición neurodivergente pueda traducirse en experiencias educativas profundamente distintas.
Por ello, la inclusión no puede reducirse a la presencia física de estudiantes diversos en las aulas. Como señalan Booth y Ainscow (2015), construir una educación inclusiva implica identificar y transformar las barreras que restringen el aprendizaje y la participación. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para América Latina, donde el reto no consiste únicamente en ampliar la cobertura educativa, sino en revisar prácticas escolares que todavía responden a modelos homogéneos de enseñanza y evaluación.
Es precisamente en la escuela donde estas tensiones se hacen más visibles. Cuando todas las personas deben aprender mediante las mismas estrategias, demostrar sus conocimientos del mismo modo y avanzar siguiendo un ritmo uniforme, las diferencias dejan de entenderse como parte de la diversidad humana y terminan convirtiéndose en una desventaja escolar. La exclusión, en estos casos, no surge de la condición neurológica en sí misma, sino del encuentro entre esa diferencia y un sistema que continúa privilegiando la homogeneidad.
Las consecuencias de este modelo trascienden el espacio escolar. En distintos ámbitos de la vida cotidiana persisten prejuicios que asocian la neurodivergencia con la incapacidad, la falta de disciplina o la escasa disposición para aprender. Estas interpretaciones simplifican experiencias muy diversas y terminan condicionando el acceso al empleo, a la educación superior y a otros espacios de participación social.
Con frecuencia, la exclusión no adopta la forma de una prohibición explícita; se manifiesta en expectativas reducidas, decisiones institucionales o prácticas cotidianas que limitan las oportunidades de quienes no responden al modelo considerado “normal”.
En América Latina, estas situaciones se ven agravadas por las desigualdades estructurales que atraviesan a la región. Allí donde los sistemas educativos y de salud operan con recursos limitados, las familias suelen asumir casi por completo la responsabilidad de conseguir diagnósticos, apoyos especializados o estrategias de acompañamiento. En consecuencia, el ejercicio de un derecho tan básico como aprender termina dependiendo, en demasiadas ocasiones, del nivel de ingresos, del lugar de residencia o de la posibilidad de acceder a servicios que no siempre están disponibles para toda la población.
A este panorama se suma la creciente digitalización de la educación y del trabajo. La expansión de plataformas virtuales amplió las posibilidades de acceso al conocimiento, pero también hizo visibles nuevas formas de exclusión. Muchas herramientas digitales fueron concebidas para usuarios con formas estandarizadas de atención, lectura e interacción, sin considerar que las personas procesan la información de maneras distintas. Cuando las plataformas carecen de opciones de accesibilidad o exigen una única forma de participación, reproducen en el entorno digital las mismas barreras presentes en otros espacios educativos.
No obstante, las tecnologías también han abierto oportunidades valiosas para las comunidades neurodivergentes. En diversos países latinoamericanos han surgido redes de familias, docentes, especialistas y personas neurodivergentes que utilizan los entornos digitales para compartir experiencias, difundir información y cuestionar estereotipos que durante mucho tiempo permanecieron fuera de la conversación pública. Estos espacios han contribuido a desplazar el énfasis desde la corrección hacia el reconocimiento, fortaleciendo la visibilidad de formas diversas de aprender, comunicarse y participar en la sociedad.
Hablar de neurodiversidad en América Latina implica reconocer que la inclusión no depende únicamente de modificar actitudes individuales, sino también de revisar las condiciones estructurales que producen exclusión. Las desigualdades sociales, las brechas educativas y las limitaciones institucionales no afectan por igual a todas las personas; quienes aprenden o se comunican de maneras distintas suelen experimentar con mayor intensidad esas condiciones. Por ello, el derecho a aprender no puede entenderse únicamente como el acceso a la escuela, sino como la posibilidad real de participar, permanecer y desarrollar plenamente las propias capacidades en entornos que reconozcan la diversidad humana.
Más allá del diagnóstico, la neurodiversidad invita a replantear una pregunta fundamental: ¿deben las personas adaptarse a instituciones construidas para la homogeneidad o son las instituciones las que deben aprender a responder a la diversidad de quienes las integran? En una región tan diversa y desigual como América Latina, responder a esa pregunta supone avanzar hacia sistemas educativos más sensibles a las distintas trayectorias de aprendizaje y comprender que la inclusión deja de ser un ideal abstracto cuando el derecho a aprender puede ejercerse en condiciones de igualdad.
Referencias
Booth, T., & Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva: desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Organización de Estados Iberoamericanos y FUHEM.
Singer, J. (1999). Why can’t you be normal for once in your life? From a “problem with no name” to the emergence of a new category of difference. En M. Corker & S. French (Eds.), Disability discourse (pp. 59–67). Open University Press.
UNESCO International Institute for Educational Planning. (2022). Reconstruir la educación, no las barreras: Lecciones de la crisis de la COVID-19 para hacer realidad el derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. IIEP-UNESCO Oficina para América Latina y el Caribe.
Huika Mexihco 