Alma Delia Zamorano es Profesora Investigadora de la Universidad Panamericana. Su actividad docente y de investigación se centra en las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en el estudio de la cultura audiovisual, digital y la justicia social.
La crisis ambiental suele presentarse como un fenómeno global, abstracto y lejano. Sin embargo, en América Latina tiene un rostro concreto: territorios contaminados, comunidades desplazadas y cuerpos que enferman. Más de 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo, muchas de ellas como resultado de condiciones ambientales adversas (OMS, 2022), y en nuestra región al menos 85 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, en contextos marcados por profundas desigualdades socioeconómicas (CEPAL, 2020). Hablar de medio ambiente, entonces, no es solo hablar de naturaleza, sino de justicia social y derecho a una vida digna.
Las llamadas zonas de sacrificio se han vuelto una constante en América Latina. Comunidades indígenas, rurales y periféricas concentran los efectos de actividades extractivas, industriales o agroindustriales que degradan el entorno y deterioran la salud colectiva. De acuerdo con la CEPAL (2021), los impactos de la contaminación ambiental afectan de manera desproporcionada a poblaciones empobrecidas, profundizando brechas históricas de desigualdad. No es casualidad que los territorios más contaminados coincidan con aquellos donde el acceso a servicios de salud, educación y participación política es más limitado.
La desigualdad ambiental no es accidental. Es el resultado de decisiones políticas y económicas que privilegian el crecimiento sobre la vida. El cambio climático, por ejemplo, no impacta de la misma forma a todas las personas. Las sequías, inundaciones y olas de calor afectan con mayor intensidad a quienes viven en condiciones de precariedad habitacional, sin infraestructura adecuada o redes de protección social. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, las regiones con mayores niveles de pobreza enfrentarán los riesgos más severos en las próximas décadas (IPCC, 2022).
En los contextos urbanos, esta desigualdad se expresa en la falta de acceso a espacios verdes, agua potable o aire limpio. Barrios periféricos conviven con basureros, ríos contaminados o industrias peligrosas, mientras que otras zonas concentran los beneficios del desarrollo. Esta distribución desigual del riesgo ambiental no solo enferma los cuerpos, sino que limita proyectos de vida y reproduce ciclos de exclusión. La enfermedad, en estos casos, no es un accidente individual, sino una consecuencia estructural.
El derecho a un medio ambiente sano está reconocido como un derecho humano fundamental. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo reafirmó en 2022, subrayando que su garantía es indispensable para el ejercicio de otros derechos, como la salud, la vivienda y la educación (Naciones Unidas, 2022). Sin embargo, en la práctica, este derecho sigue siendo frágil, especialmente en territorios donde las comunidades tienen poca capacidad de incidir en las decisiones que afectan su entorno.
Hablar de justicia ambiental implica también hablar de cultura de paz. Los conflictos socioambientales, cada vez más frecuentes en la región, surgen cuando las comunidades defienden sus territorios frente a proyectos que amenazan su subsistencia. Criminalizar estas resistencias no solo profundiza la violencia, sino que rompe el tejido social y debilita la democracia. La paz no se construye silenciando el conflicto, sino atendiendo las causas estructurales que lo generan.
Pensar los territorios como espacios vivos y no como recursos explotables exige un cambio profundo de mirada. Implica reconocer que la vida digna no puede sostenerse en entornos degradados, y que el desarrollo no puede seguir separándose del bienestar colectivo. La equidad ambiental es, en este sentido, una condición indispensable para la justicia social.
El reto es enorme, pero también urgente. Construir territorios que cuiden la vida requiere políticas públicas inclusivas, participación comunitaria y una ética del cuidado que coloque a las personas y a la naturaleza en el centro. No se trata de romantizar el territorio, sino de asumir una responsabilidad compartida frente a los impactos de nuestras decisiones. Defender el derecho a un ambiente sano es, en última instancia, defender el derecho a vivir sin miedo, sin enfermedad evitable y sin exclusión.
Referencias
CEPAL. (2020). Informe regional sobre discapacidad en América Latina y el Caribe.
CEPAL. (2021). La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe.
IPCC. (2022). Sixth Assessment Report.
Naciones Unidas. (2022). El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
OMS. (2022). Informe mundial sobre la discapacidad y salud. Organización Mundial de la Salud.
Huika Mexihco 