Dra. Claudia Ivett Romero-Delgado. Universidad Panamericana, México cromero@up.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-5001-8992
La crisis ambiental contemporánea se ha convertido en uno de los desafíos más complejos y urgentes del siglo XXI. Fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y del agua, así como la sobreexplotación de los recursos naturales, tienen impactos globales; sin embargo, sus efectos no se distribuyen de manera equitativa entre territorios ni entre poblaciones. En América Latina —una de las regiones más desiguales del mundo— el deterioro ambiental tiende a profundizar brechas sociales preexistentes, afectando con mayor intensidad a comunidades históricamente marginadas (CEPAL, 2022).
Este texto propone una reflexión crítica sobre la relación entre crisis ambiental y desigualdad territorial, entendiendo el territorio no solo como un espacio físico, sino como un entramado social, político y simbólico. Desde esta perspectiva, se analiza cómo las problemáticas medioambientales se articulan con dinámicas de exclusión social y cómo su abordaje exige enfoques basados en la equidad, la justicia ambiental y la cultura de paz.
El territorio es un concepto clave para comprender las problemáticas medioambientales contemporáneas. Más allá de su dimensión geográfica, el territorio es un espacio socialmente construido, atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y decisiones políticas (Haesbaert, 2011). En contextos de desigualdad estructural, ciertos territorios concentran riesgos ambientales que otros logran evitar.
En América Latina, la expansión de actividades extractivas, la urbanización acelerada y la falta de planeación territorial han generado escenarios de alta vulnerabilidad socioambiental. Comunidades rurales, indígenas y periurbanas suelen habitar zonas expuestas a contaminación industrial, escasez de agua, degradación del suelo o desastres naturales, sin contar con mecanismos efectivos de protección institucional (Gudynas, 2019). Estas condiciones evidencian que la crisis ambiental no es neutral, sino profundamente territorializada.
La desigualdad territorial también se manifiesta en el acceso diferenciado a bienes ambientales básicos. Mientras ciertos sectores sociales gozan de servicios de agua potable, saneamiento y espacios verdes, otros enfrentan carencias estructurales que afectan directamente su calidad de vida y su derecho a un ambiente sano (ONU, 2022). De este modo, la degradación ambiental se convierte en un factor que reproduce y amplifica la desigualdad social.
Los efectos sociales de la crisis ambiental son múltiples y complejos. Entre los más visibles se encuentran los desplazamientos forzados provocados por desastres naturales, la pérdida de medios de subsistencia vinculados a actividades agrícolas o pesqueras, y el deterioro de la salud pública debido a la contaminación ambiental (IPCC, 2023).
En muchos territorios, la degradación ecológica ha intensificado conflictos sociales relacionados con el acceso y control de los recursos naturales. La escasez de agua, por ejemplo, genera tensiones entre comunidades, empresas y autoridades, especialmente en contextos donde la gestión del recurso responde a intereses económicos antes que al bienestar colectivo (Castro, 2016). Estas disputas no solo tienen una dimensión material, sino también simbólica, pues ponen en juego formas de vida, identidades culturales y vínculos comunitarios.
Las poblaciones más afectadas suelen ser aquellas con menor capacidad de incidencia política y menor acceso a información y recursos. Mujeres, infancias y comunidades indígenas enfrentan impactos diferenciados, tanto por su ubicación territorial como por las desigualdades de género y etnia que atraviesan sus experiencias cotidianas (CEPAL, 2021). En este sentido, la crisis ambiental no puede analizarse de manera aislada de las estructuras sociales que la configuran.
Precisamente porque estos impactos no son accidentales ni inevitables, sino el resultado de decisiones económicas, políticas y territoriales, es necesario pasar del diagnóstico a la propuesta: pensar marcos que permitan reparar desigualdades, prevenir conflictos y redistribuir tanto los riesgos como los beneficios ambientales.
Frente a este panorama, resulta indispensable incorporar la cultura de paz y la justicia ambiental como marcos orientadores para el abordaje de las problemáticas medioambientales y socioterritoriales. La justicia ambiental plantea que todas las personas, independientemente de su origen social o territorial, tienen derecho a vivir en un entorno sano y a participar en las decisiones que afectan su ambiente (Agyeman et al., 2016).
La cultura de paz, por su parte, enfatiza la resolución no violenta de conflictos, el diálogo social y la construcción de consensos basados en el respeto y la equidad (UNESCO, 2019). Aplicada al ámbito socioambiental, esta perspectiva permite repensar los conflictos territoriales no como enfrentamientos inevitables, sino como oportunidades para fortalecer la participación comunitaria y la corresponsabilidad entre actores sociales.
Experiencias de gestión comunitaria del agua, defensa del territorio y prácticas de sostenibilidad local muestran que es posible construir alternativas desde abajo, siempre que existan condiciones institucionales que reconozcan y valoren el conocimiento local (Leff, 2014). Promover la equidad territorial implica, entonces, escuchar las voces de quienes habitan los territorios y reconocerlos como actores centrales en la búsqueda de soluciones sostenibles.
Abordar las problemáticas medioambientales y socioterritoriales exige políticas públicas integrales, participación comunitaria y un compromiso ético con la cultura de paz. Solo a través de enfoques inclusivos y territorialmente sensibles será posible avanzar hacia modelos de desarrollo que no reproduzcan la exclusión, sino que promuevan el bienestar colectivo y el respeto por la vida en todas sus formas. En este sentido, vale la pena preguntarnos: ¿qué decisiones cotidianas, políticas y comunitarias estamos normalizando en nuestros territorios?, ¿quiénes están pagando el costo ambiental del “progreso” y quiénes se benefician? Reconocer estas desigualdades es el primer paso para transformarlas. Además, reconocer los impactos diferenciados según género, etnia y condición socioeconómica es fundamental para evitar respuestas generales que invisibilicen a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad y menor capacidad de incidencia. La invitación es clara: informarnos, exigir justicia ambiental y participar activamente —desde nuestras escuelas, barrios, instituciones y gobiernos— en la construcción de territorios más justos, sostenibles y en paz.
Referencias
Agyeman, J., Schlosberg, D., Craven, L., & Matthews, C. (2016). Trends and directions in environmental justice: From inequity to everyday life, community, and just sustainabilities. Annual Review of Environment and Resources, 41, 321–340. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-110615-090052
Castro, J. E. (2016). Water, power and citizenship: Social struggle in the Basin of Mexico. Palgrave Macmillan.
CEPAL. (2021). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. Naciones Unidas.
CEPAL. (2022). La crisis climática en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
Gudynas, E. (2019). Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. CLAES.
Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización. Siglo XXI.
IPCC. (2023). Sixth Assessment Report: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press.
Leff, E. (2014). La apuesta por la vida: Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del Sur. Siglo XXI.
ONU. (2022). The human right to a clean, healthy and sustainable environment. United Nations.
UNESCO. (2019). Culture of peace and non-violence. UNESCO.
Huika Mexihco 