J.Carolina Vera
Magister en Pedagogía Critica/Doctora en Ecología del Desarrollo Humano Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kleber Ramírez”. Docente Universitario. Universidad de Los Andes (ULA) Núcleo Universitario Dr. Rafael Ángel Gallegos Ortiz; Coordinadora de Investigacion y Docencia Hospital II San José de Tovar. Correo electrónico:vrycgre@gmail.com, Teléfono: +58 4247304532
Introducción
Cada 3 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 con el propósito de promover los derechos, la dignidad y el bienestar de más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el planeta (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022). Sin embargo, esta conmemoración no debería limitarse a un acto simbólico ni a discursos vacíos. Debe traducirse en acciones concretas, políticas públicas efectivas y una transformación cultural profunda que supere visiones paternalistas o asistencialistas. La discapacidad no es un problema individual; es un asunto colectivo que pone en evidencia los límites y las oportunidades de nuestras sociedades para ser verdaderamente inclusivas.
Durante décadas, las personas con discapacidad han sido objeto de exclusión sistemática, invisibilización y estigmatización. Se le ha negado el acceso a la educación, al empleo, a la movilidad urbana, a la participación política e incluso al reconocimiento pleno de su dignidad (Quinn & Degener, 2002). Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos como la adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, ratificada por más de 180 países, persiste una brecha abismal entre los marcos normativos y su implementación real (ONU, 2006).
Uno de los principales obstáculos no siempre es físico, aunque las barreras arquitectónicas siguen siendo un problema grave, sino actitudinal. Prevalece una cultura que aún valora la “normalidad” como estándar y percibe la discapacidad como una carencia, una anomalía o incluso una tragedia. Este enfoque médico, que patologiza la diferencia, ha sido ampliamente cuestionado por el movimiento social de personas con discapacidad, el cual propone un enfoque social: no son las personas las que necesitan “arreglarse”, sino las sociedades las que deben adaptarse a la diversidad humana (Oliver, 1990).
Tomemos como ejemplo el ámbito laboral. En muchos países, las tasas de desempleo entre personas con discapacidad duplican o triplican las del resto de la población (OMS, 2022). ¿Por qué? No por falta de competencias, sino porque los entornos laborales rara vez están diseñados para incluirlas. La falta de accesibilidad, los prejuicios en los procesos de selección, el desconocimiento sobre los ajustes razonables modificaciones necesarias y adecuadas que permiten la igualdad de oportunidades y la persistencia de estereotipos como que “no pueden rendir igual” o que “requieren demasiados recursos” constituyen barreras invisibles, pero profundamente reales (Artículo 5 y 27 CDPD; ONU 2006).
Lo mismo ocurre en la educación. Aunque se promueve la “educación inclusiva”, muchas instituciones carecen de formación docente, recursos pedagógicos adecuados o voluntad institucional para integrar verdaderamente a estudiantes con discapacidad. El resultado es, con frecuencia, una inclusión de fachada: están presentes, pero no participan; están inscritos, pero no aprenden en condiciones de igualdad (Ainscow, 2020).
Sin embargo, no todo es diagnóstico crítico. También hay luces. En América Latina, movimientos liderados por personas con discapacidad han logrado reformas legales, campañas de concientización y alianzas estratégicas con el sector privado. En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) ha impulsado avances en accesibilidad universal, aunque su implementación sigue siendo desigual (Gobierno de México, 2011). En Argentina, el programa nacional “Incluir Salud” ha mejorado el acceso a tratamientos y tecnologías de apoyo (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2020). Y en Colombia, jóvenes con discapacidad han irrumpido en la política, demostrando que su voz debe formar parte de las decisiones que les afectan directamente (García Villalba & Ramírez Vargas, 2021).
Estos ejemplos nos recuerdan algo fundamental: la discapacidad no es una condición homogénea. Incluye una diversidad enorme: motriz, sensorial, intelectual, psicosocial, entre otras. Cada persona vive su discapacidad de manera distinta, en función de su contexto, su género, su clase social y su etnia. Por eso, cualquier política inclusiva debe adoptar un enfoque interseccional, evitar la generalización y, sobre todo, escuchar directamente a quienes viven la experiencia.
¿Y qué podemos hacer quienes no tenemos discapacidad? primero, cuestionar nuestros propios prejuicios. Segundo, exigir a gobiernos y empresas que cumplan con sus obligaciones legales y éticas. Tercer lugar, apoyar iniciativas lideradas por personas con discapacidad, no imponer soluciones desde fuera. Cuarto, entender que la accesibilidad no es un “extra”, sino un derecho humano fundamental. Una rampa no solo beneficia a quien usa silla de ruedas; también ayuda a madres con cochecitos, adultos mayores o personas con lesiones temporales. La inclusión, al final, mejora la vida de todos.
Conclusión
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad debe ser más que una conmemoración: debe ser un llamado a la acción constante. No se trata de “ayudar” a las personas con discapacidad, sino de reconocerlas como sujetos plenos de derechos, con capacidades, deseos, talentos y derecho a equivocarse, como cualquier otro ser humano. Construir sociedades verdaderamente inclusivas requiere voluntad política, inversión sostenida, transformación cultural y, sobre todo, la participación activa de las propias personas con discapacidad en la toma de decisiones que les conciernen (principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”; Charlton, 1998).
Mientras sigamos viendo la discapacidad como una limitación individual en lugar de una oportunidad para repensar cómo construimos el mundo, estaremos fallando como sociedad. La discapacidad no nos define; pero nuestra respuesta ante ella sí define quiénes somos. Este 3 de diciembre y todos los días del año el reto es claro: no basta con abrir puertas; debemos asegurarnos de que todos tengan las mismas oportunidades de cruzarlas, de construir, de soñar y de transformar.
Referencias
Ainscow, M. (2020). Inclusión educativa: 30 años de lucha por el derecho a aprender. OEI.
Charlton, J. I. (1998). Nothing about us without us: Disability oppression and empowerment. University of California Press.
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
García Villalba, M., & Ramírez Vargas, L. (2021). Participación política de personas con discapacidad en Colombia: avances y desafíos. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 13(37), 55–68.
Gobierno de México. (2011). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Diario Oficial de la Federación.
Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2020). Programa Nacional Incluir Salud.
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Oliver, M. (1990). The politics of disablement. Macmillan Education.
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). World report on disability.
Huika Mexihco 